El punto ciego de las políticas bien diseñadas
La ejecución presupuestaria regional es, para muchas políticas públicas bien diseñadas en Santiago, el tramo final donde todo puede estancarse. Una política pública puede estar perfectamente diseñada en el papel, con objetivos claros, presupuesto asignado y una lógica técnica sólida, y aun así fallar exactamente donde más importa: en su ejecución sobre el terreno. En la última década, los gobiernos regionales de Chile han subejecutado en promedio entre un 12% y un 14% de su presupuesto de inversión, según ha señalado el exintendente y exministro Sergio Galilea.
Incluso con mejoras recientes (la ejecución a agosto pasó de 35,4% en 2022 a 50,1% en 2025), buena parte de las regiones todavía necesita apoyarse en el nivel central hacia fin de año para cerrar cerca del 100% de ejecución. Ese último tramo, el que decide si un proyecto se concreta o queda pendiente para el año siguiente, es precisamente donde muchas políticas bien pensadas se quedan a mitad de camino.
Por qué esto no es un problema de competencia individual
Buena parte del marco que regula la inversión de los gobiernos regionales no está fijado en una ley moderna y estable aprobada por el Congreso, sino que se reconstruye cada año mediante “glosas”: instrucciones presupuestarias que la Dirección de Presupuestos (Dipres) propone y que se discuten junto con cada Ley de Presupuestos. Eso significa que las reglas de coordinación entre el nivel central y el regional se redefinen, parcialmente, cada ciclo presupuestario. No es un problema de que una autoridad regional no sepa ejecutar: es una arquitectura institucional que, por diseño, se reescribe todos los años.
La propia ley lo reconoce
Es revelador que la Ley de Presupuestos 2026 incluya, de forma explícita, la exigencia de que los gobiernos regionales actúen con “coherencia con las políticas públicas nacionales, coordinación, unidad de acción, eficiencia y eficacia, evitando la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la Administración del Estado”. Una cláusula así no se escribe por precaución teórica: se escribe porque esa duplicidad o interferencia es un riesgo conocido y recurrente, no una posibilidad remota.
El contexto actual no ayuda
El presupuesto 2026 contempla, además, una disminución de recursos para gobiernos regionales de 1,9% respecto de 2025, con una caída de 2,1% específicamente en inversión regional, en medio de una política de disciplina fiscal que también generó controversia por eventuales recortes a gobernaciones regionales y al recién creado Ministerio de Seguridad. Es decir: al mismo tiempo que se le exige a la coordinación central-regional más eficiencia, se le entregan menos recursos para lograrla.
Lo que esto significa para una política concreta
Diseñar bien una política a nivel central es una condición necesaria, pero no suficiente. Si el éxito de esa política depende de que un gobierno regional o una delegación presidencial la ejecute efectivamente en terreno, y esa ejecución opera dentro de un marco que se redefine cada año y que arrastra una subejecución estructural conocida, ese riesgo debería diagnosticarse y comunicarse desde el diseño de la política, no descubrirse recién cuando el proyecto ya se anunció públicamente y los plazos empiezan a incumplirse.
Este mismo problema de coordinación entre niveles de gobierno lo revisamos en nuestra nota sobre el delegado presidencial. Las cifras de ejecución están disponibles en la Dipres.
¿Sabe dónde, exactamente, se concentra el riesgo de ejecución de su próxima política o programa?
Conversemos sobre cómo mapeamos ese riesgo antes de que se convierta en un problema comunicacional.
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